Que España necesita una redefinición de las instituciones del Estado parece en estos momentos una realidad. Que es bueno que la Sociedad Civil participe en la definición del modelo de estado que va a querer para el futuro también.
Ahora bien, la instrumentalización de esta realidad para imponer los cambios que uno desearía para el país desde el sectarismo no está bien.
Hay quien opina, utilizando de forma sesgada una necesidad de reconstrucción, que el desbarajuste público procede solamente de las comunidades autónomas. Acaso, ¿ el Estado no gasta de más? o ¿los ingresos públicos no se han desplomado?
Creo que a la hora de evaluar los datos de las CCAA hay que tener en cuenta que los presupuestos tienen dos partidas: ingresos y gastos. Habrá que diferenciar pues qué CCAA han aumentado competencias en los últimos diez años y, en qué medida se han traspasado los recursos suficientes para atenderlas. Habrá que ver qué CCAA han hecho los deberes en ajustes y cuáles no. Habrá que ver qué CCAA han falseado las cuentas, cuáles no y cuáles han sido más rápidas en confesar la realidad existente. Habrá que ver si los fondos que el Estado asigna a cada CCAA es la apropiada, si ha variado o no la situación relativa de cada CCAA en el contexto global en los últimos 20 años y si debe seguir manteniéndose esos ingresos de las CCAA como están. También se debería evaluar la incidencia de los costes financieros en los diferentes presupuestos de las CCAA, ya que todas son Estado también.
Dicho esto, como soy muy amigo de los números, si alguien me demostrase cuantitativamente que con estas matizaciones se justifican determinadas afirmaciones, no me costaría nada admitirlas. Mucho me temo pero que si se tuvieran en cuenta estos factores, quizás esta afirmación podría no ser tan categórica.
Por otro lado, me parece esperpéntico que haya quien mezcle la redefinición del Estado para que funcione bien con un supuesto peligro nacionalista de País Vasco y Cataluña. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, si ambas son parte y representación del Estado? Además la voluntad mayoritaria, por lo menos en Cataluña, es la que es en estos momentos: mayoría a favor de la pertenencia a España y de la renegociación de las condiciones económicas. ¿Acaso esas reivindicaciones no pueden casar con la voluntad consensuada de la sociedad española?
Aparte de esta mención, me gustaría poder hablar de la Redefinición de las diferentes administraciones del Estado Español.
Según mi punto de vista, el Estado Español debería organizarse de forma muy diferente, superando todas las disquisiciones nombradas. Distinguiría en este punto dos cuestiones para mí relevantes: administración pública funcional y orgánica.
Administración Pública Funcional:
Todos los servicios públicos pueden dividirse en actividades comunes:
- Servicio de atención al ciudadano
- Labor técnica administrativa
- Labor técnica legislativa
- ….
- Ejecución
Es por ello que creo que todos los servicios públicos deberían ser divididos en actividades y que estas actividades deberían ser gestionadas desde un punto de vista funcional por los diferentes niveles de administración (Estado, CCAA, Ayuntamientos) en función de dos parámetros:
1. Generación de valor para el ciudadano:
Ejemplo: caso de 3 consultas telefónicas o presenciales a las 3 administraciones (Estado, CCAA, Ayuntamientos), ¿porqué no existe un sólo punto de información?. Es obvio que las presenciales se pueden realizar a nivel local pero las telefónicas se pueden realizar a niveles superiores. Ahorraría no sólo recursos sino tiempo para el ciudadano (1 gestión y no 3)
Otro ejemplo: ¿Porqué la Administración no puede realizar compromisos de servicio de calidad al ciudadano? Quizás con contrapartidas de exoneración parciales pequeñas de algún pago de impuestos, acompañadas con remuneraciones variables a funcionarios ligadas a esa calidad. Si hoy se quiere mejorar la calidad del servicio público, ¿qué mejor momento que el actual, donde se están recortando salarios a los funcionarios, para introducir la remuneración variable?
2. Eficiencia: que las actividades se realicen de forma correcta donde sea menos costoso
Evidentemente este cambio de organización del Estado debería ser muy bien estudiado (años) y debería ser realizado en múltiples fases para que el ajuste no perjudicara los ingresos públicos actuales por IRPF, IVA,... (con prejubilaciones, sin nueva contratación).
Administración Pública Orgánica:
Obviamente, esta redefinición nacional funcional tiene repercusiones obvias en la forma de administrar los recursos. Es por ello que se debería definir muy bien el coste de las actividades y asignarlos a los diferentes niveles orgánicos con criterios racionales.
Seguramente, será necesaria en la decisión de asignación de actividades a nivel funcional y/o orgánico no sólo el raciocinio sino una gran generosidad y lealtad institucional de todos para poder llegar a consensos que impliquen un fortalecimiento global del Estado y de todas sus instituciones.
Además, paralelamente en este proceso con implementación a largo plazo, se debería avanzar en materia de tecnologías de la información, compartir información entre las diferentes instituciones con el fin de mejorar el servicio al ciudadano, automatizar al máximo los procesos que integran las actividades, vigilar más de cerca aquellos conciudadanos que quieren burlar el pago de impuesto, leyes,...
Estamos en el siglo XXI y no nos debemos conformar con lo que tenemos, con algunos ajustes y poco más. Debemos ir a más y a mejor: el Estado debe generar valor para el ciudadano que paga el servicio y además realizarlo de la forma más eficiente posible.
La iniciativa de esta redefinición deber ser liderada por las diferentes instituciones y todos los partidos políticos, los cuales deben posibilitar la participación activa de la sociedad civil.
Según mi opinión, en este proceso, la sociedad civil debe organizarse intentando integrar a TODA la sociedad, ya sea todos los ciudadanos con independencia de la procedencia, como todas las creencias y orientaciones políticas.Tiene que ser TODA la sociedad civil la que actúe de forma libre y consensuada en la definición del Estado que quiere para su futuro.
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