Encrucijada española

España se encuentra en una encrucijada vital para su futuro. La evolución relativa de la prima de riesgo española con respecto a la alemana en el último mes, conlleva una necesidad de replanteo de la situación existente.

En junio y julio España, ha realizado una fuerte apuesta por Europa y la UEM al apoyar el proceso de armonización fiscal europea mediante medidas muy impopulares y contraproducentes con el crecimiento económico propio, que tanto se necesita. Ello ha tenido sus efectos políticos a nivel interno y financieros a nivel externo en forma de aumento de la prima de riesgo y de desconfianza hacia el país.

Por su parte, Alemania ha visto decrecer sus costes financieros y ha realizado junto con los demás países europeos muchas promesas de futuro pero con pocas concreciones (30.000 M de euros y poco más). Además, ha pasado más tiempo, con lo que los bancos alemanes han podido reducir aún más la deuda pública española que tenían.

En resumen, España está peor y Alemania mejor. Para mí, lo más trascendente del momento actual, es que no se vislumbra ningún interés político de cambio por parte de los países del Norte y que la tendencia actual conlleva a un camino sin salida para España: los extranjeros venden deuda pública española, que compran los bancos españoles y el BCE les financia esto mediante el sistema target. Aumentan los costes financieros y los desequilibrios públicos y privados, lo cual de no hacer nada puede conllevar a la bancarrota del Reino de España y de todas las entidades financieras españolas.

Así pues, según mi opinión España debe hacer algo para revertir la situación. En esta encrucijada, veo que el país tiene tres opciones claras:

1.       Ningún ajuste sin el cumplimiento de los compromisos de la UEM.

 Antes del  1 de septiembre se decide si se aplican medidas aprobadas la semana pasada, en la medida que se cumplan o no los compromisos. ¿Para qué aplicar la armonización fiscal si, al no cumplir la UEM, en cierta manera se nos está echando del euro?

Pros:   Podría forzar intervención y decisión alemana dado que sus bancos todavía tienen deuda pública y privada española

Contras: Prima de riesgo altísima, rebaja rating España a bono basura y de las principales compañías españolas.

Resumen: La financiación a menor precio de Alemania, les confiere un poder de negociación elevado pese a la exposición de sus bancos. Alemania y los países del Norte cederán poco. Lo harán solamente para ganar tiempo para que sus bancos deshagan posiciones. No se ve más allá del corto plazo. No se instrumentan medidas para el crecimiento y cambio del modelo productivo. En dos años, nos podríamos encontrar en una situación parecida a Grecia.

2.       Solicitar el apoyo estable del FMI

Pros: Liquidez inmediata, relajación de los costes financieros inmediatos, posibilidad de crecimiento a medio plazo y de políticas asociadas

Contras: Alemania y los países del Norte tendrían tiempo para deshacer posiciones y en dos años podríamos estar en situación parecida a la de Grecia (posibilidad de retiro de apoyo de UEM y FMI). Pasaríamos a depender del FMI (las cantidades iniciales que nos proporcionaría el FMI no llegarían a poder soportar el escenario máximo de estrés) y estaríamos en la situación actual pero con riesgo de salida del euro. La salida del euro de España tendría consecuencias devastadoras (decrecimiento, paro, inflación, devaluación,…).

Resumen: Mejoraría la situación financiera y económica a medio plazo pero seguiríamos estando en riesgo máximo en dos años.

3.       Solicitar que el Fondo de Rescate compre deuda

Pros: Liquidez inmediata, relajación de los costes financieros inmediatos, posibilidad de crecimiento a medio plazo y de políticas asociadas, mayor contribución de los principales países europeos en la deuda, se deja de reducir la exposición europea a España, se sustituye deuda pública en manos extranjeras privadas por públicas y es España la que gana tiempo para poder crecer a medio y largo plazo y cambiar el escenario. Se aleja la salida del euro de España y quizás para ello tendremos el completo beneplácito europeo.  

Contras: Vienen de fuera a imponer ajustes, que podrían minar o no el crecimiento futuro.

Resumen: La mayor parte de los ajustes ya se han realizado. Es de esperar que la tutela sea leal toda vez que estos países habrán aumentado las cuantías de financiación de la economía española y querrán favorecer el repago de sus préstamos. España gana tiempo para poder favorecer un cambio del modelo económico y cambiar el escenario actual. Además se mantendría la posibilidad de un último recurso al FMI, en el caso de que las sucesivas aportaciones al fondo de rescate conllevasen dudas en los países acreedores (que se cansasen de aportar fondos). Sustituiríamos acreedores privados por públicos, lo cual aumentaría la dependencia europea del devenir de España (y su interés).

Personalmente, optaría por la tercera opción acompañada por un gran gobierno de coalición con el apoyo de la sociedad civil, que se dedicase a sentar las bases del proyecto de país que queremos tener para el futuro.

Juzguen ustedes mismos todas las opciones. Para mí, dada la transcendencia del momento, en todo caso es necesario el máximo consenso posible sobre las decisiones a tomar y la gestión conjunta de todas las consecuencias que éstas acarreen.

Propuesta en el Mercado del Alquiler de Viviendas

El otro día me decía un amigo que estaba harto de que existan responsables políticos que decidan sobre las vidas de los demás sin saber qué alcance real tienen las decisiones que toman. Aunque, ¿qué se puede esperar de personas que no han estado en contacto con la vida real en toda su carrera profesional?

Desde hace años, mi amigo se dedica a alquilar inmuebles. Conoce el mercado, la realidad última y sabe perfectamente los problemas que tiene el mercado del alquiler de viviendas en España.

Me decía que España tiene un grave problema de vivienda, ya que quien quiere una vivienda no la puede comprar puesto que no existe en la práctica financiación para la compra de inmuebles y que si la puede alquilar lo hace a precios más elevados de lo que lo haría si hubiera competencia perfecta.

Según él, la mayor problemática del sector en el régimen de alquiler reside en la inseguridad de los propietarios a la hora de alquilar las viviendas.

Afirmaba que el Gobierno, en la ley que en teoría tenía que favorecer el alquiler de viviendas, en realidad lo perjudicó.

Al introducir la posibilidad de rescisión de contrato sin un mínimo de tiempo sólo avisando con un mes de antelación, lo que hacía es colocar en la indefensión a los propietarios de viviendas, lo cual puede reducir la oferta de pisos en alquiler.

Se quejaba amargamente: ¿Cómo voy a gastarme 4.000 o 5.000 euros en arreglar un piso si me pueden dejar el piso destrozado habiéndome pagado por sólo dos meses 700 euros de alquiler más la fianza (es decir, 1.400 euros)? Además, en verano se pueden realizar contratos normales en lugar de temporada y esta casuística puede ser generalizada, con menores rentas cobradas e iguales desperfectos.

Decía que los márgenes en alquiler de inmuebles son reducidos teniendo en cuenta todos los gastos (IBI, basuras, gastos comunitarios,...). Y se preguntaba: ¿quién va a querer comprar viviendas con estas rentabilidades por alquiler y con la inseguridad existente, adicionales a las minusvalías esperadas de los inmuebles?¿Quien va a alquilar inmuebles?

Mi amigo me argumentaba con gran lógica que, si en realidad existe un problema de seguridad en el cobro en el régimen de alquiler, ¿porqué no se pone a disposición de la sociedad una base de datos donde los propietarios puedan introducir los perjuicios generados por los morosos? Previamente los inquilinos al formalizar el contrato habrían firmado su visto bueno a su inclusión en esa base de datos.

En el sector bancario, existen bases de datos que gestionan la información de personas morosas y permiten a los bancos no conceder un préstamo a quien tenga deudas pendientes.

Lo cierto pero es que, en el sector inmobiliario, hasta que no suceda esto, parece que los propietarios seguirán colocados en la indefensión.

La Constitución Española afirma que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna. Es cierto, pero también tenemos unas obligaciones, y entre ellas existe el cumplir con las leyes (y entiendo por ende con los contratos firmados).

Creo que sería necesaria la publicidad de estos datos, previa autorización de inquilinos. Ello tendría varios efectos para mí positivos: mayor seguridad económica, menores gastos judiciales para propietarios e/o inquilinos, menor gasto y parálisis en el departamento de Justicia, menores gastos de persecución del fraude fiscal (saldría a cuenta declarar las rentas de alquiler porque existiría el valor añadido de la seguridad) y sobretodo una mejora en las condiciones de competencia que haría disminuir el precio del alquiler en España (al aumentar los pisos puestos en alquiler).

Es obvio que no es bueno que paguen justos por pecadores, que es lo que pasa actualmente. Es por ello, que es necesario que el Gobierno reconsidere alguna de sus decisiones (las tomadas y las que no). Algunas han sido certeras y adecuadas pero otras no y cabe propósito de enmienda. 

Con IVA y sin IVA

Los españoles no declaran una parte relevante de la actividad económica y ello afecta a los ingresos públicos y la capacidad de repago de las deudas del Estado Español.

Hasta el momento, la política del Gobierno ha sido aplicar una política fiscal blanda para favorecer la declaración de dichas actividades acompañada por un endurecimiento de las penas fiscales por incumplimiento.

Ahora bien nos encontramos con varios problemas:

-         Existe la costumbre en España del trabajo con IVA y sin IVA

-         A pesar de la política aplicada, los españoles no cambian (ya hemos visto el no éxito de la regularización de los empleadas y empleados del hogar, aunque algo es algo)

-         No existen recursos para poder perseguir esta actividad no declarada, al estar muy generalizada (1,27 M de empresarios individuales que cotizaban en 2007, hoy no cotizan y sólo han desaparecido 86.000 empresas. Además, quizás trabajan en negro uno o dos trabajadores con ellos. También muchas profesiones liberales como abogados, médicos,… no declaran gran parte de sus ingresos)

A los ojos de los países europeos que nos tienen que financiar, seguramente esta falta de seriedad del país puede comportar una gran desconfianza en la capacidad de devolución de las deudas de España.

Además, es injusto que unos ciudadanos coticen y otros no, y que éstos tengan que financiar a los que no se comportan adecuadamente.

Así pues, según mi opinión, además de favorecer fiscalmente la nueva actividad económica (en cotizaciones sociales e impuestos sociedades de nuevas empresas) y aumentar los recursos para la persecución del fraude fiscal, quizás sería adecuado incentivar al consumidor final de dichos servicios mediante desgravaciones fiscales (%). Naturalmente, estas desgravaciones serían sólo para todas aquellas actividades que mayor concentración tienen de fraude fiscal, y el porcentaje y sus repercusiones deberían ser muy bien estudiadas.

Seguramente ello tendría una ligera repercusión en el IRPF pero también comportaría mayores ingresos de los contribuyentes que ahora no tributan, vía IRPF, cotizaciones sociales e IVA, que por fin declararían.


Hacienda podría cruzar los datos de las facturas (importe, NIF,...) obtenidos vía declaraciones de IRPF de los declarantes (consumidores finales de los servicios) y así penalizar el fraude fiscal si existiera. Además, quizás ya no sería necesario aumentar tanto la dotación de recursos para la persecución del fraude.


Los consumidores finales tendrían alguna ventaja para pagar el IVA, cosa que ahora no tienen (si no existe ventaja, se favorece la no declaración de estas actividades, sólo se ve el extra-coste). 

Estamos en una situación de emergencia nacional. Hay que reaccionar y hacer cosas nuevas. La política de la zanahoria y el palo va bien, pero no es suficiente como se ha visto.

Echo en falta además una mayor y mejor comunicación sobre la relevancia de nuestro comportamiento ético para el futuro de nuestro país. Es importante inculcar a los españoles sobre la necesidad de una mejor actuación en la vida cotidiana, sobre la urgencia de reconstruir nuestros valores. Hay que dar confianza a Europa y es difícil que la demos si siguen estos comportamientos reprobables. 

Profundidad económica en las cuentas públicas

El Gobierno opina que es un hecho quizás insostenible que el sector público haya crecido en los diez últimos años en 440.000 empleos mientras los ingresos públicos han disminuido fuertemente.

Quizás sí, pero creo que hay que ser más profundo. ¿Porqué han disminuído los ingresos públicos?¿Cuánto está ligado a la menor actividad del sector construcción y cuánto está ligado a una menor declaración de ingresos que realmente se producen?

Hoy, existen 1,3 millones de empresarios individuales menos cotizando que en 2007, mientras sólo han desaparecido 86.000 empresas. Esto no quiere decir que estos empresarios individuales (electricistas, albañiles,…) no estén trabajando. Lo dudo. Ni esto no quiere decir que no tengan alguna persona trabajando por ellos, en negro y cobrando paro. Contando sólo una persona empleada, si se buscaran las soluciones oportunas (incentivando la cotización y castigando la no declaración), quizás hoy tendríamos más de 2,5 M de personas cotizando que no lo están haciendo. Hay que evaluar este tema en profundidad.

En otro artículo ya desglosé que, en comparación con el resto de países europeos, la mayor divergencia en la evolución de las cuentas públicas viene del lado de los ingresos sobre PIB y no de los gastos sobre PIB. Es por ello que dudo mucho sobre la necesidad de un gran ajuste del personal del sector público, pues también tiene sus efectos en la recaudación a corto y medio plazo de IVA e IRPF. Quizás el ajuste, según mi opinión, debería ser acompasado y a largo plazo (con prejubilaciones y no nueva ocupación).

Lo que sí es cierto pero, es que como se tarda en obtener frutos de las políticas a través de nuevos ingresos públicos, quizás se deben acompasar algo ingresos y gastos. Este argumento puede dar una cierta razón al Estado sobre la necesidad de una cierta reducción del gasto corriente de las diferentes administraciones del Estado.

Ahora bien, según mi opinión, esa racionalización tiene que ser realizada en virtud de dos elementos: beneficio para el ciudadano en forma de valor añadido y eficiencia.

Pues bien, hoy se ha filtrado que sólo uno de cada cinco trabajadores públicos trabaja para las administraciones locales. Personalmente, me ha chocado esta cifra puesto que estos funcionarios son los que más contacto tienen con los ciudadanos y, por tanto, los que más incidencia pueden tener sobre ellos en el caso de una redefinición de competencias para aportar valor al ciudadano.

También se ha comentado que el criterio que puede utilizar el Gobierno para reducir el número de personas empleadas es el de tener un contrato “blindado” con la Administración y que, por tanto, el mayor ajuste se realizará en las administraciones locales (las personas no protegidas en este sentido en ellas representan el 60% del personal, mientras en la administración central esta cifra es del 21%).    

Según mi punto de vista, esto es un grandísimo disparate.

Primero, porque parece más una decisión política que económica (no debilitar la administración central, no crear conflicto laboral,…) cuando la medida que se toma tiene motivos puramente económicos.

Segundo, porque no se realiza en función del mejor servicio al ciudadano ni para aportarle valor añadido.

Tercero, porque no se toma la decisión en función de la eficiencia de las diferentes administraciones del Estado.

Cuarto, porque no se realiza el ajuste en función de la productividad de los empleados y sí en función del coste del despido (y éste se amortiza con los años). En este punto es para estar sensible: el Gobierno incide en que las empresas deben fomentar una mayor competitividad vía adecuación de salarios (no digamos empleos) a productividad y por su parte se dedica a dejar trabajar a los funcionarios (y rebajar salarios) sin tener en cuenta la productividad.

Dada la situación de partida (de no haber hecho para nada los deberes en la organización de los recursos en las administraciones públicas), a corto plazo recomendaría:

-          Intentar aumentar los ingresos públicos (ley emprendedores, recursos contra el fraude fiscal,…)

-          Analizar bien sobre qué administraciones van a recaer los ajustes con criterios de valor al ciudadano y eficiencia (Y NO POLÍTICOS)

-          Trasladar a los diferentes departamentos de RRHH la cifra requerida de ajuste para que ellos puedan valorar en función de productividad, eficiencia, calidad de servicio al ciudadano de los empleados públicos y coste, qué personal puede ser susceptible de despido

-          Para el personal que se quede empezar un sistema de remuneración variable que incentive la mayor productividad y mejor servicio al ciudadano posible. Lo cual puede permitir en el futuro compromisos de servicio de calidad por parte de las diferentes Administraciones

En resumen, lo dicho: me parece un grandísimo disparate, que espero que sea reconsiderado. No podemos seguir teniendo unos responsables que, en vez de actuar como managers ante un problema estrictamente económico, tomen decisiones solamente como políticos. Hoy está en sus manos. Mañana quizás no.