sábado, 8 de diciembre de 2012

Un fuerte impulso al Mercado Único Europeo es necesario





La Comisión Europea ha denunciado recientemente que la integración del Mercado Único realizada hasta el momento no es satisfactoria.

En concreto, ha señalado que en:

-           Integración en Bienes: El comercio entre los países de la UE ha pasado de representar un 17% del PIB en 1999 europeo a sólo el 22% en 2011. De hecho, la integración es incluso mayor con terceros países (por el efecto positivo de la globalización para los países emergentes) que entre los países europeos.

-           Integración en Servicios: Este sector, que representa el 70% de la economía europea, tiene un nivel de integración incluso menor que el de bienes, derivado de la existencia todavía de barreras comerciales.

-           Integración en el Capital: Hasta 2007 existió un considerable aumento de la inversión intracomunitaria. El colapso financiero de 2008, provocó pero un decrecimiento alarmante, del cual apenas se ha recuperado. Similares conclusiones se pueden extraer de la evolución del sistema financiero, sujeta a procesos de reestructuración nacional.

-           Integración en el mercado laboral: La movilidad laboral en Europa es mucho menor que su potencial. Los ciudadanos europeos que trabajan en otro país miembro sólo representan un 3,1% del total de la fuerza laboral, y su crecimiento es de sólo un 0,1% anual. Y ello se produce en una Europa donde el 28% de sus ciudadanos están dispuestos a trabajar en otro país. Además, aunque más del 50% de los europeos no cambiaría de país por cuestiones lingüísticas o familiares, parece cierto que existen elevados obstáculos a la movilidad (reconocimiento de estudios, seguridad social diferente, barreras administrativas varias, pensiones e impuestos diferentes, falta de conocimiento de derechos y obligaciones de los trabajadores,...).

Precisamente por el paupérrimo éxito de la integración alcanzado hasta el momento y por la extensión de la tarea pendiente a realizar, la Comisión Europea ha considerado necesario priorizar y dedicar los esfuerzos en mejorar en las áreas donde el potencial del mercado único es mayor. Esto es, en servicios, transporte, mercado digital y energía.

En relación a los servicios, la Comisión Europea considera que los Estados Miembro deben hacer compatible la legislación nacional con las directivas europeas de servicios (sobretodo en cuanto a las obligaciones).

Por importancia en el PIB, identifica como prioritarios los siguientes servicios:

-           Servicios empresariales: donde existe una excesiva regulación sobre las diversas formas societarias y de propiedad del capital, lo cual debe ser tratado. Se deben además revisar las cláusulas existentes que no permiten la libertad intracomunitaria de proveer servicios empresariales (esto aplica también en turismo).

-           Comercio retail y mayorista: Se deben eliminar barreras comerciales  legislativas nacionales todavía existentes y restricciones operacionales: en el comercio retail, todavía hoy existen restricciones para poder vender sus productos a los mejores precios en Europa, lo cual conviene rectificarlo.

-           Construcción: Se debe trabajar en el reconocimiento intracomunitario de autorizaciones, certificaciones de expertos (por ejemplo en el área medioambiental: certificaciones eficiencia energética,...). También se deben revisar diversas cláusulas para el fomento de la libertad intracomunitaria para proveer estos servicios.

-           Contratación pública de los servicios (que representan el 42% del total de contrataciones públicas, siendo el total el 3,7% del PIB europeo): se realiza en su mayoría a nivel nacional, siendo la contratación pública de servicios intracomunitaria sólo el 3,5% del total. En los países del sur, existen además problemas de pago que dificultan la integración de la contratación pública de servicios (por ello se debe acabar de implementar lo más rápido posible la Directiva de Pagos Atrasados que introduce la obligatoriedad de pago en 30 días). Se dictamina que se deben mejorar los Contratos Únicos con las administraciones públicas de forma que sean accesibles por Internet, fáciles de utilizar, que cubran todos los procedimientos y casuísticas aplicables siendo multilingüisticos.

-           Servicios financieros: Es el mercado que peor evolución ha tenido derivado de la diferencia de condiciones y comisiones ofrecidas entre los bancos de los diferentes países y de la falta de información a los consumidores, lo cual debería ser solucionado.


En relación a la energía, es necesario comentar primero que es un mercado muy importante porque está en la base de costes de todos los insumos y productos, con lo que su evolución afecta muchísimo a la competitividad y capacidad de crecimiento de los diferentes países. 

La integración en la energía ha sido escasa y ello se percibe por:

-           Existe una falta de transparencia y de apertura a nuevos entrantes. Se recomienda seguir la implementación nacional de la directiva existente para la apertura de los mercados del gas y electricidad en Europa, en beneficio de consumidores y empresas. Se destaca, entre otras medidas, la conveniencia de la separación de las operaciones de generación y comercialización de las redes de transmisión.

-           Poca convergencia en los precios de la energía y gas en la UE por:

§           Existencia de precios regulados: que suelen estar fijados en un nivel inferior a los de mercado, lo cual debe ser compensado a las compañías con tarifas pero cuyo coste final lo están sufragando los consumidores. Además, los precios regulados desincentivan el impulso de las energías más eficientes.

§           Falta de diversidad en la oferta

§           Interconexiones intracomunitarias muy limitadas

§           Diferencias en los costes de las redes

§           Diferencias impositivas y salariales

La Comisión Europea considera prioritario mejorar la integración y buen funcionamiento de los mercados energéticos. Para ello establece que se busquen soluciones transfronterizas (inversión, generación, consumo,…) para evitar las consecuencias negativas de la fragmentación, que se permita a los consumidores que puedan tener acceso a las diferentes opciones existentes, que se incrementen los incentivos para un comportamiento de los consumidores más eficiente energéticamente y que gradualmente se vayan dejando los precios regulados para que pueda aumentar la competencia y la protección a los consumidores.  


En relación al transporte, también conviene comentar su importancia por su propio tamaño y porque sirve a los otros sectores de la economía. Incide pues directamente en el crecimiento y productividad potencial de los países europeos.

Para proveer un verdadero mercado único en transporte, la Comisión considera necesario realizar las siguientes políticas:

-            Garantizar un servicio de transporte rápido y de calidad en carreteras, red de ferrocarriles y seguridad marítima.

-            Abrir a la competencia los servicios de transporte ferroviarios de pasajeros nacionales, garantizando acceso en condiciones iguales a las infraestructuras

-            Quitar las barreras de entrada en los servicios portuarios, especialmente en el Mediterráneo, Mar Negro y Báltico

-            Acelerar la implementación de un único espacio aéreo europeo para mejorar la seguridad, capacidad, eficiencia e impacto medioambiental de la aviación

-            Permitir más oportunidades en el cabotaje (transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo de personas, mercancías y equipajes nacionales o nacionalizados, entre diversos lugares del territorio de un país por vehículos registrados en otro país)  


En relación al mercado digital e Internet, es importante destacar que es una potente plataforma para el crecimiento futuro de las diferentes economías nacionales.

En este sector la tarea a realizar es muy amplia. Por ello la Comisión Europea aconseja priorizar en:

-            El desarrollo de las redes fijas e inalámbricas y la mejora de su calidad mediante incentivos ya sea regulatorios como de apoyo público

-            Aplicar la directiva de E-Commerce. En concreto, se deben aplicar reglas sobre transparencia, requisitos de información y contratos electrónicos con el objetivo de reestablecer la seguridad legal para consumidores y empresas

-            Incrementar los servicios online públicos de forma más intuitiva y fácil, incluyendo conexiones, accesos e infraestructuras intracomunitarias y la introducción o impulso de los servicios de salud online (para hacerlos más eficientes)

-            Invertir en formación y en la adopción de un marco de Competencia Digital que permita garantizar una suficiente cualificación de los trabajadores en las modernas prácticas empresariales


En paralelo a todo ello, también la Comisión Europea considera importante el mejorar el funcionamiento del mercado interno industrial, identificando diferencias y barreras que bloquean la libre circulación de mercancías e impulsar la calidad y eficiencia.



Según mi opinión, es importante poner en contexto esta necesidad de un fuerte impulso del Mercado Único Europeo que comenta la Comisión.

La Unión Económica y Monetaria se diseñó en su momento con el objetivo de que al final fuese un área monetaria óptima y que tuviera los beneficios de la coincidencia entre un área comercial y un área monetaria.

Según la teoría de Robert A. Mundell, para que se dé un área monetaria óptima debe suceder que exista:

-            Elevada apertura comercial entre los países de la zona.

-            Elevada movilidad de factores (capital y trabajo), capaz de responder a las perturbaciones asimétricas entre los países dentro de la zona (por ejemplo, en un área monetaria óptima, la fuerza de trabajo se desplaza de las regiones más castigadas por el desempleo hacia las que tienen un menor desempleo) (otro ejemplo, las empresas invierten a escala europea donde mayores probabilidades tienen para ser más competitivas, pudiendo así ofrecer a los consumidores europeos mayor variedad de productos más baratos y de mayor calidad). La unión bancaria también contribuye al flujo del capital donde más se necesita y donde existen más posibilidades.

-            Alto grado de diversificación que minimice la posibilidad de shocks asimétricos.

-            La existencia de un poder fiscal (federalismo fiscal) para hacer frente a dichos shocks asimétricos.


Dada la importancia de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital para poder dar respuesta a los shocks asimétricos citados, es pues necesario un fuerte impulso del Mercado Único.


Estamos en una situación en la que o se profundiza de forma contundente en esa área monetaria óptima o se deja de instrumentar el proceso de integración europeo. El no dar pasos de gigante en esa dirección, implica y puede implicar en el futuro serias dudas acerca de la capacidad de la economía europea de salir de esta crisis institucional, económica y financiera.

Hasta hace poco se advertían problemas derivados de los shocks asimétricos en la periferia euro, pero hoy esas complicaciones amenazan el corazón de la UEM. Y ya se sabe que, cuando a un ente vivo le falla el corazón, puede morir.

Después de este estudio de la Comisión Europea, parece evidente pues que la tarea a realizar es amplísima: no sólo se trata de realizar una Unión Política, Fiscal y Bancaria, sino también de profundizar en aquellos aspectos que ya hace años que en teoría deberían estar implementados totalmente y que no lo están a nivel sectorial, particular,...

La tarea a realizar es ardua y ya empieza a ser hora de que los dirigentes políticos europeos tomen consciencia de TODO lo que todavía está por hacer, que es MUCHO. Deben hacerlo con la mayor rapidez y profundidad posible.     




domingo, 25 de noviembre de 2012

¿La descentralización es perjudicial para la disciplina fiscal según la Comisión Europea?





Existe quien dice que, en Europa en los recientes años pasados, la descentralización hacia gobiernos subnacionales (CCAA, Landers,…) ha sido la causante del aumento de los déficits públicos nacionales y de la distorsión de los equilibrios fiscales. 

Recientemente, la Comisión Europea ha realizado sobre esta cuestión un examen teórico (sobre las diferentes teorías existentes al respecto) y un examen práctico (con lo que ha sucedido hasta el momento en la UE), para determinar si realmente la anterior afirmación es cierta y si, a raíz de los resultados, se pueden tomar decisiones para mejorar la gobernanza nacional en los estados de la UE.


Según la Comisión, las diferentes TEORÍAS han dicho que:


Por el lado de los gastos, las cuentas públicas pueden mejorar con la descentralización por:

-          Más eficiencia en el gasto al poderse efectuar de forma más pormenorizada donde más se necesita
-          Al existir mayor competencia entre gobiernos subnacionales (respecto a un solo gobierno nacional de turno) junto con la posibilidad de compartir entre ellos todos los conocimientos en la utilización de la tecnología y los métodos de producción de los servicios públicos, se puede mejorar la eficiencia en el gasto
-          Puede existir la no internalización de los gastos efectuados por ciudadanos de otras zonas

Pero, por otra parte, la descentralización de los gastos tiene los siguientes inconvenientes:

-          No existe la posibilidad de explotar economías de escala en la producción de servicios públicos

-          Existe duplicidad de administraciones derivadas de la ausencia de una clara delimitación de responsabilidades

-          Es posible que exista menor productividad derivada de la mayor facilidad de captar los mejores recursos humanos en los gobiernos nacionales

-          Y que haya mayor dependencia de lobbies subnacionales en los gobiernos subnacionales por su mayor proximidad

En principio, según esto, el impacto de la descentralización de los gastos en los presupuestos públicos podría ser ambiguo.

Ahora bien, como la mayor parte de los gastos están determinados por directivas y legislaciones nacionales (existen pocos gastos sólo de gobiernos subnacionales), es difícil que la descentralización de gastos afecte demasiado al equilibrio fiscal público. O dicho de otra manera, que se puede realizar la descentralización, controlada con legislaciones nacionales.

Por el lado de la descentralización de los ingresos, se destaca que si los gobiernos subnacionales pueden financiar la mayor parte de sus gastos tendrán más incentivos para actuar de forma responsable.

Varios aspectos parecerían apoyar esta tesis:

-          Los gobiernos subnacionales son más controlados por sus votantes sobre la forma que gestionan sus recursos

-          Si los gobiernos subnacionales tienen suficiente autonomía de ingresos, los gobiernos centrales podrían tener más argumentos para resistir las presiones de los gobiernos subnacionales para cubrir los excesos en sus gastos

-          Al estar los gobiernos subnacionales interesados en servicios públicos de calidad y que posibiliten un mayor crecimiento de su economía toda vez que si es así aumentan sus ingresos (impuestos,…), es probable que se centraran en gastar mejor y en el aumento de la actividad de su zona y de los ingresos públicos.

Además, sobre la teoría, la Comisión comenta que si los gobiernos subnacionales dependen demasiado en su financiación de transferencias estatales, fácilmente pueden realizar grandes gastos en partidas que la legislación les obliga a proveer y luego pedir ayuda para financiar estos gastos descontrolados (incluido el rescate financiero, en su caso). También dice que si las transferencias son redistributivas pueden contribuir a la no internalización de “cuánto” cuestan los gastos públicos.

Siguiendo con la teoría, en cuanto a funciones más relacionadas con temas demográficos y políticos (tipo salud, protección social, compensaciones de empleados, beneficios sociales, educación,…), pareciera que unas mayores competencias en estos gastos citados por parte de los gobiernos subnacionales pudieran tener un efecto negativo en las balanzas fiscales.   


¿Qué dicen los DATOS REALES en la UE?


Por el lado de los gastos e ingresos:

-          La descentralización de los gastos no incrementa los déficits nacionales (de hecho mejora la balanza presupuestaria) y ello se ve aún más favorecido si se financian en mayor medida con ingresos subnacionales.

-          La descentralización aparece conjuntamente con mayores gastos e ingresos:

o        Por el lado de los gastos, ello apoyaría la falta de aprovechamiento de economías de escala de los gobiernos subnacionales.

o        Por el lado de los ingresos, si la descentralización en el gasto se acompaña con mayor responsabilidad financiera de ingresos de los gobiernos subnacionales (y sus ingresos dependan mucho más de sus impuestos y no de transferencias) se suelen conseguir mayores ingresos


Por funciones:

-          Sólo en el caso de la sanidad y gasto social existe evidencia empírica de que la descentralización aumenta el gasto

-          La descentralización de servicios generales y educación está asociado con equilibrios presupuestarios menores (y en cambio la descentralización de sanidad, economía y protección social conlleva equilibrios presupuestarios mayores).



Teniendo en cuenta estas evidencias empíricas en la UE, la Comisión Europea ha llegado a las siguientes CONCLUSIONES:

-          La descentralización en el gasto “per se” está asociada con mejores equilibrios fiscales: los Estados más descentralizados tienen menores niveles de gasto junto con similares niveles de ingresos que los menos descentralizados. Ello apoyaría el argumento de que la descentralización conlleva una mayor eficiencia en el gasto, una mejor respuesta a las necesidades, y que la competencia y el aprendizaje conjunto entre gobiernos subnacionales conllevan mejoras en las técnicas de producción de los servicios públicos

-          La descentralización en los ingresos tiene un papel crucial en los efectos netos de la descentralización: a mayor descentralización de los ingresos, más se intensifican los efectos positivos de la descentralización en el gasto. Ello confirmaría que si existe un mayor peso de transferencias estatales se produce un mayor gasto de los gobiernos subnacionales y que, en caso de exista descentralización, los gobiernos subnacionales gastan de forma más eficiente toda vez que están más controlados por sus votantes.

-          El efecto positivo de una mayor autonomía de ingresos es mayor si los gobiernos subnacionales pueden establecer tributos de forma autónoma

-          Existen efectos contrarios si se descentraliza un porcentaje demasiado elevado de los ingresos estatales, aumentando los gastos y disminuyendo los ingresos

-          Por las divergencias observadas, se aconseja controlar bien los diferentes aspectos de la descentralización fiscal para conseguir un mejor efecto en el equilibrio presupuestario

-          Reglas estrictas de deuda afectan positivamente vía menores gastos. De hecho, estas ayudan a aliviar el efecto negativo en los casos de descentralización de un porcentaje demasiado elevado de los ingresos estatales


En definitiva, la Comisión Europea implícitamente contesta a quien dice que el desequilibrio presupuestario se debe a la descentralización. Dice que eso “puede” haber sucedido en algún país (no lo niega, tampoco lo afirma) pero que los datos en Europa indican claramente que no es por causa de la descentralización sino por un mal diseño de la descentralización, ya que no asegura una fuerte responsabilidad financiera de los gobiernos subnacionales.

Afirma que la descentralización “per se” no es perjudicial para la disciplina fiscal de los Estados (de hecho, según los datos, puede ser beneficiosa). Pero que es conveniente trabajar en el diseño apropiado de descentralización que favorezca el mejor equilibrio fiscal y presupuestario posible.

Así pues, los diferentes países europeos deberían tomar en consideración las conclusiones comentadas, diseñando de forma consensuada el tipo de sistema de financiación nacional y subnacional que más ayude a reequilibrar las cuentas públicas.

Según mi opinión, en este rediseño deberían participar TODOS los partidos políticos y TODA la sociedad civil. Y debería posibilitar un reequilibrio financiero y la estabilidad en el largo plazo, imprescindibles ambos para volver a la senda del crecimiento sostenible y duradero a largo plazo que TODOS deseamos.

En su rediseño, las sociedades modernas no miran al pasado (salvo para no repetir errores). Miran al presente y al futuro.

En el presente, la Comisión Europea ya ha dicho lo que es más conveniente.

De cara al futuro, nuestros dirigentes deberían intentar proveer un marco de actuación sostenible y estable en el largo plazo. Y si la sociedad evoluciona, es tarea de sus dirigentes el adecuar ese nuevo marco legal y financiero a esa nueva realidad. Desde la sensatez, la responsabilidad, la honestidad y el respeto a la democracia, sus valores y reglas.






Fuente: Fiscal Decentralisation and Fiscal Outcomes. Economic Papers 468. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Matteo Governatori and David Yim. Noviembre 2012


miércoles, 24 de octubre de 2012

Europa y España: Palabras no, hechos








Ante el cúmulo de declaraciones y opiniones de los diversos líderes y países europeos, existe un casi total desconcierto en la población europea y española acerca de cómo se encuentra el actual proceso de construcción europeo.

Según mi opinión, las personas, empresas, organizaciones, países y organismos internacionales se definen por los hechos y no por las palabras.

Es por ello, que si se quiere evaluar objetivamente la situación actual del proceso de integración europeo se deben, según mi opinión, únicamente tener en cuenta los hechos y no las declaraciones de intenciones, que se las puede llevar el viento o no.

Es por ello que es preciso destacar sólo los hechos relevantes acaecidos hasta el momento:

-   En Junio se tomó la determinación de avanzar en el proceso de integración europeo a través del compromiso a favor de la unión bancaria, política y fiscal, a añadir a la unión monetaria y económica ya consolidada en anteriores hitos de la construcción europea. Un paso contundente hacia la consolidación del proyecto europeo.

-   Por otra parte, no se avanzó en un compromiso firme de aplicación en el tiempo, a pesar de que se consideró como fecha probable para la unión bancaria el año 2013.

-    Pese a que, desde España se consideró que las ayudas europeas no computarían como  deuda pública, los compromisos alcanzados no dejaron del todo clara esa consideración.

-   En el pasado Consejo europeo, Alemania impuso su criterio y postergó la unión bancaria a 2014. Y no sólo eso, consiguió que no se consideraran las ayudas de forma retroactiva, lo que ha sido refrendado por la UE con un aumento del déficit público español para el año 2011 por las ayudas proporcionadas a la banca hasta ese momento.


Así pues los hechos hasta el momento constatan que:

-   El proyecto europeo desde junio parece irreversible

-   Alemania, con la determinación del Consejo Europeo, ha logrado acotar las ayudas a realizar a países como España al establecer la no retroactividad de las ayudas.

¿Hasta qué nivel las ha acotado?

Desde España se ha tomado como cierto que, al realizarse la unión bancaria en el año 2014 si bien no se tomarán en consideración las ayudas pasadas y presentes (el Informe de Oliver & Wyman las cifraba en 40.000 M de euros), será probable que las ayudas futuras europeas no computarán como deuda pública a partir de esa fecha.

Ahora bien, quizás Alemania al no considerar las ayudas retroactivas puede tener un as en la manga no considerado.

Siempre en el peor de los casos, los países europeos más poderosos pueden argumentar que el origen de las ayudas a realizar provienen de préstamos realizados en el pasado y que, por tanto, puede aplicar la no retroactividad también en el futuro (para cuando exista el supervisor bancario). Pareciera difícil que esto ocurriera pero lo cierto es que siempre en un caso extremo tendrían esta posibilidad.

De hecho, la Sra. Merkel dijo tras el Consejo Europeo que "no va a haber ninguna recapitalización directa retroactiva, sinó que sólo habrá, una vez que sea posible la recapitalización, esa posibilidad en el futuro". 

Así, Alemania y los principales países europeos podrían llegar a acotar de forma relevante en el futuro el riesgo España. 

Ello podría conllevar que la mayor parte de las ayudas futuras a la banca quizás las tuviera que sufragar el erario público y que, por tanto, la deuda pública sobre PIB se podría ir perfectamente al 120-124% sobre el PIB a muy largo plazo (entre 2016 y 2020) si se quisiese salvar a toda la banca y no se tomasen medidas económicas adicionales.

En este contexto, nuestras finanzas y nuestra actividad económica podrían quedar en el muy largo plazo muy tocadas al requerirse durante largos períodos de tiempo políticas restrictivas de demanda junto con políticas de oferta de resultado muy diferido.

Ahora bien, parece que al ser España un país demasiado grande para caer es difícil que les interese a los principales países europeos (por los efectos colaterales que ello pudiera tener) que España no pueda repagar sus deudas y que por tanto, si bien podría suceder perfectamente que España estuviese a muy largo plazo en una situación con un altísimo nivel de deuda pública y con una muy baja actividad económica, lo más probable es que se le fuesen dando plazos y facilidades para que fuera repagando como pudiera la deuda a 10 o 20 años vista. Eso desde luego sería fatal para la economía española y para los españoles.

Es por ello que quizás es necesario para España y los españoles que se empiecen a tomar decisiones importantes. 

¿Qué se puede hacer desde España para aligerar la deuda pública y a la vez conseguir ganar la confianza de los acreedores para que no lleguemos al extremo de que los principales países europeos determinen que todas las ayudas europeas computen como deuda pública?

-   Solicitar el rescate financiero para reducir el coste de la deuda, y hacerlo repagable

-   Renegociar los plazos de instrumentación de políticas

-   Renegociar los plazos de pago de la deuda

-   Negociar políticas de crecimiento en la UEM

-   Instrumentar políticas de reequilibrio del déficit público que minen lo menos posible la actividad económica: reducción de gastos y aumentos de impuestos (en línea con lo que se realiza en la UEM) junto con políticas de oferta de forma que afecten lo menos posible al consumo privado. En el caso de políticas de oferta, con este fin, se podría quizás negociar un período de aplicación postergado.

-   Aceptar que no todas las deudas privadas se van a poder pagar


Este último aspecto puede llegar a ser relevante para ganar la confianza de los acreedores extranjeros.

Alemania puede considerar que los importes a destinar al sector bancario español son y, sobre todo, serán tan elevados que quizás en el extremo no los podrán o querrán asumir.

En el extremo, temen que les costará mucho menos sufragar las pérdidas en deuda pública española a través de inyección directa de fondos en sus bancos (los que necesiten ayuda) que ayudando a España y a sus bancos. Temen que en ese punto la opinión pública alemana podría aceptar mejor que los fondos se destinasen a las entidades del país y no a España y sus entidades financieras.

Según mi opinión, en la actualidad, España tiene dos alternativas:

-  No hacer nada, es decir, seguir intentando salvar a todas las entidades financieras, lo cual nos llevaría quizás a unos niveles elevadísimos de deuda pública y a una actividad económica deprimida durante quizás 10-20 años

-  Empezar a considerar que no se puede salvar a todo el sistema financiero español, reduciendo así el impacto en la deuda pública y posibilitando un crecimiento futuro más próximo en el tiempo. 

Dentro de esta segunda alternativa, España podría empezar a pensar en la instrumentación de un protocolo de actuación en el sector bancario.

Este protocolo podría contemplar la asunción de pérdidas por parte de los acreedores privados, que bien podría inicialmente ser de la siguiente forma:

-   En las entidades sistémicas en mala situación realizarse un bail-in (paso de deuda de acreedores privados a capital social) por el importe correspondiente a las pérdidas ocasionadas en relación al % de deuda existente de cada acreedor privado respecto al total. Por ejemplo, en el caso de pérdidas de 10.000 M de euros de una entidad financiera, si un acreedor tuviese un 10% de la deuda (p.ej. 5.000 M de euros respecto a 50.000 M de euros), este acreedor debería dejar de tener 1.000 M de euros de deuda y pasaría a tener 1.000 M de euros en capital (quedándose sólo con 4.000 M de euros de deuda). De esta forma, las entidades financieras en esta situación neutralizarían el impacto de dichas pérdidas en sus fondos propios (y el deterioro de su balance), asumirían los acreedores su responsabilidad en la apuesta fallida y aumentaría además su interés por la buena marcha de la entidad financiera. Así, también los accionistas actuales verían diluida su participación, con lo que asumirían la responsabilidad contraída en el origen y no los ciudadanos españoles que poca responsabilidad tienen en ello. También de esta forma se evitaría la posible contaminación temprana de las entidades sanas si se vieran en la tesitura de tener que quedarse con entidades financieras en situación muy complicada. En cuanto el deterioro económico del país se parara y no fueran necesarias muchas más provisiones, se debería evaluar la viabilidad de estas entidades financieras por sí solas y, sólo en el caso de que éstas no fueran viables, se podría proceder a su colocación al mejor postor.

-   Las entidades no sistémicas en mala situación: liquidación de las entidades asumiendo los acreedores y accionistas la pérdida correspondiente y garantizando el estado todos los depósitos por debajo de los 100.000 euros (límite asegurado legalmente).

En la actual situación, Alemania puede estar ya considerando en el extremo ayudar a sus bancos directamente y la posibilidad de que sea el erario público español quien se haga cargo de todas las ayudas públicas a la banca española.

Es por ello que creo que España debería empezar a tomar decisiones y una de las más relevantes podría ser que no puede salvar a todo su sector bancario.

Al aceptar eso desde España se estaría facilitando:


1.  Menor crecimiento de la deuda pública respecto a PIB y mayores posibilidades de repago

2.  Menor deuda privada española y aumento de las probabilidades de repago

3.  Neutralizar el efecto de las pérdidas en la capitalización de las entidades sistémicas en mala situación y no deterioro de su situación

4.  No contaminar a las entidades financieras viables

5.  Menores necesidades de inyección de capital por parte de los países europeos (y Alemania) a sus bancos

6.  Menores necesidades de inyección de capital por parte de los países europeos (y Alemania)  los bancos españoles y a España

7.  Mayor confianza de los países europeos sobre el repago al ser la deuda menor

8.  Por ello, mayores posibilidades de que las ayudas europeas no computen en el extremo como deuda pública, lo cual podría suponer para España una rebaja sustancial de la deuda pública respecto a PIB

9.  Al no ser tan elevada la factura, las políticas contractivas de demanda no deberían alargarse tanto en el tiempo ni ser tan agresivas y, por tanto, se podría acelerar la salida de la crisis, la actividad actividad económica y minorar sus efectos sobre la economía real.

10. Las políticas de oferta podrían tener unos períodos de aplicación más cercanos en el tiempo y además con efectos muy positivos sobre la actividad económica


En definitiva, los acreedores internacionales lo que quieren es confianza en el repago de las deudas contraídas. Y ella sólo se consigue por dos vías: o aumentando los ingresos para poder repagar o disminuyendo la factura a pagar. Si todos los analistas internacionales y entes nacionales, internacionales y supranacionales coinciden en que no se podrá realizar vía ingresos, es pues imprescindible tomar medidas para reducir la factura.

Lamentablemente, hemos constatado que el coste de no hacer nada para España va incrementando cada día que pasa y que seguirá la misma tendencia. 

Es hora, pues, de tomar decisiones.

Debemos pasar de las palabras a los hechos y sólo considerar los hechos y no las palabras.

Podemos y debemos.