Retraso quizás sí, inacción no.

Desde los acuerdos de junio de 2012, y las insinuaciones del gobernador del Banco Central Europeo en julio al respecto de la necesidad para obtener ayuda europea de solicitar expresamente un rescate, el Gobierno Español ha tenido tiempo suficiente para solicitarlo a cambio de unas condiciones (negativas en el corto y medio plazo) que iban y van a acabar aplicándose sí o sí, dada la altísima dependencia financiera española del exterior actual y futura.  

Según mi opinión, es importante mencionar que este posible rescate también tenía y tiene varias consecuencias positivas:

-   Asegurarse la renovación de la deuda pública que va venciendo sin seguir perjudicando la solvencia de la gran banca española (BBVA y Santander han sido los máximos compradores de deuda pública ante la huída del capital extranjero, financiados a su vez por el BCE a través del sistema Target).

-   Asegurarse la financiación de los sucesivos déficits públicos futuros dentro del proceso de desapalancamiento de la economía española.

-   En caso de que interesase, asegurarse la posibilidad de financiación de las entidades privadas en problemas.

-   Asegurarse unos tipos de interés aceptables para la financiación de la deuda pública y por ende la privada.

Teniendo en cuenta que de aquí a final de año queda pendiente de vencimiento deuda pública por un importe aproximado de 70.000 M de euros y que habrá que financiar los sucesivos déficits públicos y deuda a vencer futura,

¿Qué implicaciones podría tener el no solicitar el rescate?

1.  Dificultad de financiación de esta deuda pública, dada la aversión al riesgo del capital extranjero toda vez existen previsiones de decrecimiento de la economía española y dificultades en el retorno de la deuda.

2.  Necesidad de que los grandes bancos sigan comprando deuda pública española. Hoy BBVA y Santander tienen más de 105.000 M de euros de deuda pública. Para ver la importancia de esta cifra en función del tamaño de los dos bancos, simplemente se puede estudiar qué efectos tendría una quita del 40% en los dos bancos: supondría el 46% de su capitalización bursátil conjunta actual. Si esa cifra, por inacción del Gobierno debiera subir, se podría poner en cuestión la solvencia de las dos entidades o por lo menos una de ellas. Ello sería así salvo que se considerase la posibilidad de salida del euro de España y que se redujera la cuantía de deuda de los bancos en el sistema Target en parecida forma a la devaluación futura que se pudiera realizar. Por lo que se puede observar esta vía parece casi imposible si España quiere seguir en el entorno euro. (Personalmente, creo que hay que valorar el crecimiento económico de nuestro país desde nuestra entrada en la UEM, y la estabilidad política y económica -tipos de interés, inflación,..- que ello conlleva a la hora de tomar determinadas decisiones).

3.  Tipos de interés más elevados de lo que serían en caso de solicitar el rescate.

4.  Riesgo de que cuando el endeudamiento español sea incluso mucho mayor (en el extremo máximo, por este círculo vicioso en el que nos encontramos), y al no haber implicado demasiado dinero público de las principales economías europeas, estos países tengan la tentación de invertir directamente dinero en los bancos que tienen deuda pública española para hacer frente a una quita en lugar de invertir su capital público para reflotar las economías de los países periféricos (porque les salga más a cuenta).

5.  Extrema dificultad de renovación de la deuda pública que vence en 2013, 2014 y 2015, así como los déficits públicos estimados para ese período.

6.  Gran dificultad de renovación de la deuda privada (básicamente del sector financiero) que vence en 2013, 2014 y 2015.

7.  Grave dificultad de financiación de nuevas provisiones a las que quizás nuestro sistema bancario deberá hacer frente (que voy a intentar cuantificarlas más adelante).

8.  Dadas las dudas existentes y los importes acumulativos, también puede incluso existir dificultad de financiación de las necesidades adicionales de capital de los bancos derivadas de la aplicación de los criterios de Basilea III. Todo suma.

En resumen, las implicaciones del NO RESCATE podría ser la inexistencia de acreedores con capacidad suficiente dispuestos a prestar al Estado y a todo el Sector Privado. Lo cual podría hacer descartar la factibilidad de esta opción en el entorno europeo de medio y largo plazo.

Suponiendo que SÍ se pidiera el RESCATE, la economía española podría seguir financiándose y ganaría tiempo para poder seguir reestructurando la economía española e impulsando mejoras en su competitividad, necesaria ésta para el crecimiento y por ende financiación de la economía española.

Ahora bien, con el rescate existirían, además de las condicionalidades, otros riesgos derivados de la evolución pasada y futura de la deuda pública y privada:

- En cuanto a la deuda del sector público, la Comisión Europea en julio realizó un estudio sobre los siguientes escenarios para la deuda pública española según la evolución de nuestra economía:

En el escenario menos favorable de tipos de interés consideraba los mismos costes financieros existentes en julio para los años 2012 y 2013, y luego una normalización de los costes.

El escenario más desfavorable consideraba tipos de interés del 8% en los plazos largos y del 6,5% en plazos cortos.

En ambas casuísticas de tipos de interés con decrecimiento del PIB, la deuda pública respecto a PIB en 2015 seguirían altas (96% y 98,4% respectivamente) en relación a la cifras consideradas como correctas hasta hace pocos años (60% del PIB) pero no se alejarían demasiado de la media de la deuda pública de gran parte de países avanzados, con lo que se podrían dar como aceptables. Para 2020 parece que las cifras serían algo elevadas (107% y 112%). En todo caso se debe destacar que, en ausencia de intervenciones de políticas económicas, la deuda respecto a PIB no se esperaba que se estabilizara antes del 2020.

Ahora bien, la Comisión no consideró la posible evolución de la deuda privada española y sus posibles efectos (en el caso de ser asumida por el sector público) sobre la deuda pública y quizás sobre los costes de financiación (como consecuencia de ello). Es por ello que es relevante evaluar la posible evolución futura de la deuda privada (en 2011 era de un 213% respecto al PIB o sea aproximadamente unos 2.130.000 Millones de euros).

- En cuanto a la deuda del sector privado, pese al proceso de desapalancamiento del sistema, existe un hecho que merece una particular atención: el sector bancario español sufre de un fallo de estructura de balance dado que tiene financiaciones a muy largo plazo (vencimientos de 20 o 30 años en deuda inmobiliaria) y su deuda tiene un vencimiento mucho menor (lo cual es particularmente negativo y desestabilizador en una casuística de inexistencia de acreedores dispuestos a prestar dinero como ya se ha comentado).

Además, coincido con la Comisión Europea, en que la evolución de la deuda privada española tiene 3 riesgos adicionales:

-  Un tercio de la deuda privada se ha realizado sobre inmuebles (82% del PIB, aproximadamente 820.000 M de euros) con lo que existe una sensibilidad especial a una caída brusca en el precio de los activos.

-  La deuda corporativa supone el 135% del PIB (aproximadamente 1.350.000 M de euros), una gran parte de ella vinculada al sector construcción e inmobiliario (43% de la deuda total de corporaciones no financieras), con muy débiles perspectivas.

-  Un 90% de la deuda sobre inmuebles son hipotecas a tipo de interés variable (738.000 M de euros), con lo que existe una gran sensibilidad a subidas de tipos de interés. Riesgo no relevante hoy,  pero que se puede tener en consideración a futuro.

Es decir, pese a que se está intentando desapalancar el sistema (mediante incentivación del ahorro y desincentivación del endeudamiento) y se han tomado medidas relevantes (banco malo) puede suceder que el sistema financiero deba asumir nuevas y adicionales provisiones:

-  Si bien las insolvencias en las hipotecas en la actualidad son sólo el 3% del total, derivado de la existencia de ayudas familiares en el caso de existencia de situaciones problemáticas en el seno familiar, el constante deterioro de la economía española puede acabar por incrementar las insolvencias en este capítulo. Un supuesto factible podría ser que de aquí a 2015 o 2016 las provisiones debieran ser aumentadas en entre 20.000 M de euros y 30.000 M de euros. 

-  En cuanto a la deuda corporativa, la caída del crecimiento económico general podría ser compensada por ingresos de las corporaciones en el extranjero en el caso de que mejorase la competitividad de la economía española. También es cierto que existen débiles perspectivas en el sector construcción e inmobiliario que podrían trasladarse en un aumento de las necesidades de provisiones por insolvencias de las corporaciones con intereses en dichos sectores. Una hipótesis podría ser un aumento de las provisiones por morosidad a realizar en la cartera de deuda corporativa hasta 2016 de entre 60.000 M y 70.000 M de euros.   

-  Dado que la Comisión Europea prevé una caída del 25% del valor de los bienes inmobiliarios hasta 2013, bien podrían necesitarse de forma conservadora entre 15.000 M de euros y 20.000 M de euros en provisiones adicionales.

-  No se toma en consideración el riesgo de tipo de interés, al ser ahora no demasiado peligroso,  pero quizás sería interesante conocer en el horizonte temporal del año 2020 cuáles podrían ser los efectos sobre los préstamos de la banca de una subida brusca de los tipos de interés. 

Además, las entidades financieras van a necesitar más capital para adaptarse a los requisitos de Basilea III (diversas fuentes las estiman en torno a 40.000 M de euros adicionales).

En resumen, en 2015 o 2016 la banca española podría llegar a necesitar entre 135.000 M de euros y 160.000 M de euros adicionales. Además en un entorno en que gran parte del sistema financiero ya no tiene financiación externa ni para renovar la deuda que le va venciendo (y por supuesto menos para captar mayor capital o asumir nuevas provisiones).

También es cierto que, si en los tres años anteriores la banca ha sido capaz de provisionar por sí sola grandes cantidades cercanas a 100.000 M de euros, siendo voluntarista se puede presuponer que en los próximos años puede seguir realizando el mismo esfuerzo de forma similar. Por ello, se podría aplicar una rebaja de 80.000 M de euros a esas necesidades de capital hasta 2016, con lo quedaría por financiar en el mejor de los casos unos 55.000 M de euros y en el peor de los casos unos 80.000 M de euros adicionales. 

No se ha tomado en cuenta los efectos del riesgo de tipos de interés sobre una cartera de préstamos de 738.000 M de euros. Aunque el riesgo tipo de interés hoy no es un riesgo relevante, sí lo puede ser en un plazo tan largo (hasta 2020) y en un entorno de menores ingresos per cápita. 

Ahora bien, si se asumiera por parte del Estado esas necesidades adicionales del sistema financiero, la deuda pública española podría aumentar de forma aproximada hasta 104%-107% sobre el PIB en el año 2015 y 117%-120% sobre el PIB en el año 2020 (teniendo en cuenta los estimados de la Comisión Europea de deuda pública con escenario de tipos de interés desfavorable y shock negativo en el PIB).

Y ello sin tener en consideración un posible aumento de las primas de riesgo estimadas en los escenarios de la Comisión Europea. 

Así pues, en esta casuística se podría estar cercano a un punto peligroso donde los acreedores pudieran tener dudas acerca del retorno del capital. 

En todo caso, teniendo en cuenta que este Gobierno sí tiene los conocimientos y experiencia necesaria para prever todos estos problemas, no se acaba de entender los motivos de su inacción en el caso del rescate, siendo éste tan necesario para tener tiempo dentro del entorno euro para seguir desapalancando y reestructurando la economía española, mejorando la competitividad vía reformas y rebalanceando nuestro tejido empresarial hacia al sector exportador para poder financiar mejor la economía española.

No se acaba de entender esta inacción además cuando las condiciones de los acreedores van a tenerse que aplicar sí o sí: cuando alguien debe dinero y necesita más dinero para poder seguir financiándose, debe aceptar las condiciones que quieran poner los acreedores porque éstos las exigen para seguir financiándole.  

Ahora bien, otra cosa sería (como sería deseable y posible) que se estuviese aprovechando el momento para cerrar planes de estímulo económico a nivel europeo y una flexibilización de los objetivos de control de la inflación del BCE de caras a potenciar un mayor crecimiento económico en la UEM. 

Si hubiese crecimiento económico, según los escenarios mencionados de la Comisión Europea, la deuda pública española respecto a PIB asumiendo las nuevas necesidades privadas podría descender con escenarios desfavorables de tipos de interés hasta situarse en el 2015 de forma muy aproximada entre 98% y el 101% y en el 2020 entre 111% y 114%. Con escenarios favorables de tipos de interés, la deuda pública española respecto a PIB podría descender al 96%-99% en 2015 y a 109%-112% en 2020. 

Así pues, no es lo mismo tener 109%-112% de deuda pública en relación al PIB en el 2020 (caso de decrecimiento y tipos desfavorables) que 117%-120% en relación al PIB (con crecimiento y tipos favorables). No es lo mismo. 

Con estos niveles de deuda y la situación actual y futura de la economía española, hilar muy fino no deja de ser algo muy positivo: facilita el repago de la misma vía menor deuda y en caso de crecimiento económico vía mayor generación de recursos.

Si el retraso tuviera que ver con estas motivaciones de búsqueda de compromiso de crecimiento podría incluso llegar a ser comprensible. Pero ojo: el retraso quizás sí sería entendible, pero la inacción seguro que no.

Por cierto, atención con el retraso. Hay que tener en cuenta que igual puede llegar el día en que los principales países europeos piensen que les sale más a cuenta NO proporcionarnos el RESCATE aunque España lo quiera. 

Habrá que ir pues tomando rápidamente las decisiones.