Con IVA y sin IVA

Los españoles no declaran una parte relevante de la actividad económica y ello afecta a los ingresos públicos y la capacidad de repago de las deudas del Estado Español.

Hasta el momento, la política del Gobierno ha sido aplicar una política fiscal blanda para favorecer la declaración de dichas actividades acompañada por un endurecimiento de las penas fiscales por incumplimiento.

Ahora bien nos encontramos con varios problemas:

-         Existe la costumbre en España del trabajo con IVA y sin IVA

-         A pesar de la política aplicada, los españoles no cambian (ya hemos visto el no éxito de la regularización de los empleadas y empleados del hogar, aunque algo es algo)

-         No existen recursos para poder perseguir esta actividad no declarada, al estar muy generalizada (1,27 M de empresarios individuales que cotizaban en 2007, hoy no cotizan y sólo han desaparecido 86.000 empresas. Además, quizás trabajan en negro uno o dos trabajadores con ellos. También muchas profesiones liberales como abogados, médicos,… no declaran gran parte de sus ingresos)

A los ojos de los países europeos que nos tienen que financiar, seguramente esta falta de seriedad del país puede comportar una gran desconfianza en la capacidad de devolución de las deudas de España.

Además, es injusto que unos ciudadanos coticen y otros no, y que éstos tengan que financiar a los que no se comportan adecuadamente.

Así pues, según mi opinión, además de favorecer fiscalmente la nueva actividad económica (en cotizaciones sociales e impuestos sociedades de nuevas empresas) y aumentar los recursos para la persecución del fraude fiscal, quizás sería adecuado incentivar al consumidor final de dichos servicios mediante desgravaciones fiscales (%). Naturalmente, estas desgravaciones serían sólo para todas aquellas actividades que mayor concentración tienen de fraude fiscal, y el porcentaje y sus repercusiones deberían ser muy bien estudiadas.

Seguramente ello tendría una ligera repercusión en el IRPF pero también comportaría mayores ingresos de los contribuyentes que ahora no tributan, vía IRPF, cotizaciones sociales e IVA, que por fin declararían.


Hacienda podría cruzar los datos de las facturas (importe, NIF,...) obtenidos vía declaraciones de IRPF de los declarantes (consumidores finales de los servicios) y así penalizar el fraude fiscal si existiera. Además, quizás ya no sería necesario aumentar tanto la dotación de recursos para la persecución del fraude.


Los consumidores finales tendrían alguna ventaja para pagar el IVA, cosa que ahora no tienen (si no existe ventaja, se favorece la no declaración de estas actividades, sólo se ve el extra-coste). 

Estamos en una situación de emergencia nacional. Hay que reaccionar y hacer cosas nuevas. La política de la zanahoria y el palo va bien, pero no es suficiente como se ha visto.

Echo en falta además una mayor y mejor comunicación sobre la relevancia de nuestro comportamiento ético para el futuro de nuestro país. Es importante inculcar a los españoles sobre la necesidad de una mejor actuación en la vida cotidiana, sobre la urgencia de reconstruir nuestros valores. Hay que dar confianza a Europa y es difícil que la demos si siguen estos comportamientos reprobables.