Con IVA y sin IVA

Los españoles no declaran una parte relevante de la actividad económica y ello afecta a los ingresos públicos y la capacidad de repago de las deudas del Estado Español.

Hasta el momento, la política del Gobierno ha sido aplicar una política fiscal blanda para favorecer la declaración de dichas actividades acompañada por un endurecimiento de las penas fiscales por incumplimiento.

Ahora bien nos encontramos con varios problemas:

-         Existe la costumbre en España del trabajo con IVA y sin IVA

-         A pesar de la política aplicada, los españoles no cambian (ya hemos visto el no éxito de la regularización de los empleadas y empleados del hogar, aunque algo es algo)

-         No existen recursos para poder perseguir esta actividad no declarada, al estar muy generalizada (1,27 M de empresarios individuales que cotizaban en 2007, hoy no cotizan y sólo han desaparecido 86.000 empresas. Además, quizás trabajan en negro uno o dos trabajadores con ellos. También muchas profesiones liberales como abogados, médicos,… no declaran gran parte de sus ingresos)

A los ojos de los países europeos que nos tienen que financiar, seguramente esta falta de seriedad del país puede comportar una gran desconfianza en la capacidad de devolución de las deudas de España.

Además, es injusto que unos ciudadanos coticen y otros no, y que éstos tengan que financiar a los que no se comportan adecuadamente.

Así pues, según mi opinión, además de favorecer fiscalmente la nueva actividad económica (en cotizaciones sociales e impuestos sociedades de nuevas empresas) y aumentar los recursos para la persecución del fraude fiscal, quizás sería adecuado incentivar al consumidor final de dichos servicios mediante desgravaciones fiscales (%). Naturalmente, estas desgravaciones serían sólo para todas aquellas actividades que mayor concentración tienen de fraude fiscal, y el porcentaje y sus repercusiones deberían ser muy bien estudiadas.

Seguramente ello tendría una ligera repercusión en el IRPF pero también comportaría mayores ingresos de los contribuyentes que ahora no tributan, vía IRPF, cotizaciones sociales e IVA, que por fin declararían.


Hacienda podría cruzar los datos de las facturas (importe, NIF,...) obtenidos vía declaraciones de IRPF de los declarantes (consumidores finales de los servicios) y así penalizar el fraude fiscal si existiera. Además, quizás ya no sería necesario aumentar tanto la dotación de recursos para la persecución del fraude.


Los consumidores finales tendrían alguna ventaja para pagar el IVA, cosa que ahora no tienen (si no existe ventaja, se favorece la no declaración de estas actividades, sólo se ve el extra-coste). 

Estamos en una situación de emergencia nacional. Hay que reaccionar y hacer cosas nuevas. La política de la zanahoria y el palo va bien, pero no es suficiente como se ha visto.

Echo en falta además una mayor y mejor comunicación sobre la relevancia de nuestro comportamiento ético para el futuro de nuestro país. Es importante inculcar a los españoles sobre la necesidad de una mejor actuación en la vida cotidiana, sobre la urgencia de reconstruir nuestros valores. Hay que dar confianza a Europa y es difícil que la demos si siguen estos comportamientos reprobables. 

Profundidad económica en las cuentas públicas

El Gobierno opina que es un hecho quizás insostenible que el sector público haya crecido en los diez últimos años en 440.000 empleos mientras los ingresos públicos han disminuido fuertemente.

Quizás sí, pero creo que hay que ser más profundo. ¿Porqué han disminuído los ingresos públicos?¿Cuánto está ligado a la menor actividad del sector construcción y cuánto está ligado a una menor declaración de ingresos que realmente se producen?

Hoy, existen 1,3 millones de empresarios individuales menos cotizando que en 2007, mientras sólo han desaparecido 86.000 empresas. Esto no quiere decir que estos empresarios individuales (electricistas, albañiles,…) no estén trabajando. Lo dudo. Ni esto no quiere decir que no tengan alguna persona trabajando por ellos, en negro y cobrando paro. Contando sólo una persona empleada, si se buscaran las soluciones oportunas (incentivando la cotización y castigando la no declaración), quizás hoy tendríamos más de 2,5 M de personas cotizando que no lo están haciendo. Hay que evaluar este tema en profundidad.

En otro artículo ya desglosé que, en comparación con el resto de países europeos, la mayor divergencia en la evolución de las cuentas públicas viene del lado de los ingresos sobre PIB y no de los gastos sobre PIB. Es por ello que dudo mucho sobre la necesidad de un gran ajuste del personal del sector público, pues también tiene sus efectos en la recaudación a corto y medio plazo de IVA e IRPF. Quizás el ajuste, según mi opinión, debería ser acompasado y a largo plazo (con prejubilaciones y no nueva ocupación).

Lo que sí es cierto pero, es que como se tarda en obtener frutos de las políticas a través de nuevos ingresos públicos, quizás se deben acompasar algo ingresos y gastos. Este argumento puede dar una cierta razón al Estado sobre la necesidad de una cierta reducción del gasto corriente de las diferentes administraciones del Estado.

Ahora bien, según mi opinión, esa racionalización tiene que ser realizada en virtud de dos elementos: beneficio para el ciudadano en forma de valor añadido y eficiencia.

Pues bien, hoy se ha filtrado que sólo uno de cada cinco trabajadores públicos trabaja para las administraciones locales. Personalmente, me ha chocado esta cifra puesto que estos funcionarios son los que más contacto tienen con los ciudadanos y, por tanto, los que más incidencia pueden tener sobre ellos en el caso de una redefinición de competencias para aportar valor al ciudadano.

También se ha comentado que el criterio que puede utilizar el Gobierno para reducir el número de personas empleadas es el de tener un contrato “blindado” con la Administración y que, por tanto, el mayor ajuste se realizará en las administraciones locales (las personas no protegidas en este sentido en ellas representan el 60% del personal, mientras en la administración central esta cifra es del 21%).    

Según mi punto de vista, esto es un grandísimo disparate.

Primero, porque parece más una decisión política que económica (no debilitar la administración central, no crear conflicto laboral,…) cuando la medida que se toma tiene motivos puramente económicos.

Segundo, porque no se realiza en función del mejor servicio al ciudadano ni para aportarle valor añadido.

Tercero, porque no se toma la decisión en función de la eficiencia de las diferentes administraciones del Estado.

Cuarto, porque no se realiza el ajuste en función de la productividad de los empleados y sí en función del coste del despido (y éste se amortiza con los años). En este punto es para estar sensible: el Gobierno incide en que las empresas deben fomentar una mayor competitividad vía adecuación de salarios (no digamos empleos) a productividad y por su parte se dedica a dejar trabajar a los funcionarios (y rebajar salarios) sin tener en cuenta la productividad.

Dada la situación de partida (de no haber hecho para nada los deberes en la organización de los recursos en las administraciones públicas), a corto plazo recomendaría:

-          Intentar aumentar los ingresos públicos (ley emprendedores, recursos contra el fraude fiscal,…)

-          Analizar bien sobre qué administraciones van a recaer los ajustes con criterios de valor al ciudadano y eficiencia (Y NO POLÍTICOS)

-          Trasladar a los diferentes departamentos de RRHH la cifra requerida de ajuste para que ellos puedan valorar en función de productividad, eficiencia, calidad de servicio al ciudadano de los empleados públicos y coste, qué personal puede ser susceptible de despido

-          Para el personal que se quede empezar un sistema de remuneración variable que incentive la mayor productividad y mejor servicio al ciudadano posible. Lo cual puede permitir en el futuro compromisos de servicio de calidad por parte de las diferentes Administraciones

En resumen, lo dicho: me parece un grandísimo disparate, que espero que sea reconsiderado. No podemos seguir teniendo unos responsables que, en vez de actuar como managers ante un problema estrictamente económico, tomen decisiones solamente como políticos. Hoy está en sus manos. Mañana quizás no.